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Fundamentación.
Financiarización, territorio y políticas públicas.
La globalización o mundialización del capital, es un fenómeno pluridimensional, producto de la expansión del capitalismo que por sus fuertes transformaciones sociales, políticas y económicas, se constituye como un “cambio civilizatorio” (López, E, 2002) definido por la internacionalización del capital-mercancía, la internacionalización del capital-dinero y la internacionalización del capital productivo.
La idea de globalización debe ser entendida como "una nueva fase de la internacionalización de los mercados que pone en dependencia recíproca a las firmas y a las naciones, en grados absolutamente originales e inigualados en el pasado" (Coriat, B. 1994). Esta idea debe ser acompañada con las interpretaciones de las nuevas transformaciones que se observan en la dinámica de acumulación internacional. Globalización financiera y desregulación general de los mercados financieros, incremento del comercio internacional resultado de la liberalización comercial de los países que impulsan políticas de apertura y de eliminación del proteccionismo, el capital privado como protagonista de la dinámica de acumulación y el crecimiento, revalorización de la actividad económica en función de las ventajas comparativas de un país en términos de recursos naturales, mano de obra barata, proximidad de las materias primas, políticas favorables en la búsqueda de la competitividad, la revolución tecnológica como soporte material, la regionalización y existencia de bloques regionales, son algunos de las características de este fenómeno (De la Torre, D, 2004).
Estos nuevos procesos que algunos autores denominan de financiarización merecen un análisis meduloso (Harvey, Daher, Mendez, Caravaca,) en relación a los efectos sobre el territorio. La preeminencia de las actividades financieras especulativas sobre las productivas genera vulnerabilidad al sistema, con crisis sistémicas que afectan a todo el conjunto social.
La dinámica de este proceso produce fuertes impactos sobre las estructuras y sistemas políticos, sociales, culturales, los sistemas productivos, los territorios y fundamentalmente sobre los diferentes agentes: fuerte concentración, exclusión y marginalidad.
El resultado de la globalización-financiarización como proceso de concentración-exclusión, la ausencia del Estado y la descomposición del sistema político, genera en la sociedad cierta desvalorización de la política. Cuando los grandes grupos económicos y algunos agentes privilegiados definen la agenda pública, el ciudadano común se siente marginado del poder y se retrae cada vez más de la esfera pública. Se produce una vuelta hacia lo “privado”, de encerramiento, de indiferencia, desesperanza y anomia social. En realidad, se produce una deslegitimación de la política y se pone en cuestión la “utilidad del sistema político para trasmitir las demandas de individuos o grupos” (Castell M.). Este “desencanto” es un elemento muy serio que pone en riesgo la democracia y la estabilidad del sistema político (De la Torre, D, 2004).
La modalidad de penetración de éstas dinámicas, se ve favorecida por el marco de políticas públicas que se implementan y ejecutan a nivel nacional. Estas decisiones que se impulsan desde el orden nacional‑internacional atraviesan y afectan la estructura económico‑social de los territorios (Gago, A.). Como expresa Daher, “resultado de esta guerra de divisas o competencia entre monedas se endosan desaceleraciones y recesiones de un país a otro; los costos económicos y sociales de las crisis se externalizan geográficamente a otras naciones; se enrocan territorialmente los desequilibrios fiscales y los superávits y déficits de pagos, incluso entre distintos continentes; la mayor competitividad de unos se gana a costa de otros, a veces en hemisferios distintos; la recuperación en el empleo en determinadas economías se traduce en cesantía en otras latitudes; y, en definitiva, la guerra de divisas –y las políticas públicas que la promueven– redunda en territorios ganadores y perdedores, incluyendo habitualmente entre los últimos a las economías más vulnerables y a las naciones y sociedades más pobres” (Daher, A. 2014)
Abordar la complejidad de estos procesos, requiere para su comprensión de enfoques integrados, multidisplinarios que pongan el eje en las relaciones entre unidades de producción, productos, agentes, instituciones y políticas públicas.
Se parte del concepto de territorio, como un espacio o región “dónde se manifiestan y dirimen los conflictos económicos, sociales, culturales y políticos, en el que se ponen en juego los diferentes intereses y se disputa el poder económico y político”. Por lo tanto, “el territorio es una trama resultante de comportamientos institucionalizados y localizados en un espacio determinado de actores y organizaciones heterogéneos que se vinculan por actividades productivas y/o consumo, en forma contradictoria, regular y continuada” (Manzanal, M. 2007).
Interesa la conceptualización desde la Ciencia Política del territorio como “un construido social, es decir como el resultado de un intento hecho por un individuo o un grupo de afectar, influenciar o regir a unas personas, fenómenos o relaciones, delimitando y controlando un área geográfica” (R.D. Sack, 1999).
En un momento histórico dado en un territorio, la estructura compuesta por diferentes actores e instituciones es lo que permite apreciar las reglas y rutinas que le otorgan especificidad a un lugar, respecto de otros y respecto del sistema productivo nacional que los engloba. En realidad, se está hablando de las estrategias de los agentes, su capacidad de adaptación al territorio y a las reglas establecidas por el nivel local, las relaciones de poder que se estructuran, el sentimiento de pertenencia y el papel que juegan las organizaciones sociales (sindicatos, federaciones, etc.)[1] (Gilly, J.P. y Otro, 1997)
La articulación de un proceso de desarrollo territorial es producto de un espacio, no sólo como mero resorte físico de las actividades y procesos económicos, sino de la organización concreta y específica de las relaciones sociales y técnicas de producción.
Siguiendo las pautas de lo que Jean-François Jolly llama “la escuela francesa de políticas públicas” (Jolly, 2001a), se puede considerar las regiones “como espacios territoriales a la vez de identificación, elaboración e implementación de políticas públicas (policies) y de juego político (politics)”. Por lo tanto, el análisis del territorio se debe articular con las políticas públicas, según la definición de uno de sus teóricos más importantes, Bruno Jobert,“se trata de mirar las políticas públicas como un momento de la lucha política global: el estudio del Estado en acción, es también la política buscada por otros medios y en otros escenarios”.
Hay un juego político que se ubica en un espacio determinado que se sustenta o se enmarca en un espacio más general (el país) y otro más global (el internacional). Es necesario abordar la dinámica de la regulación del territorio para apreciar las estrategias de los actores, su capacidad para adaptarse a las lógicas nacionales e internacionales y su influencia en la generación de políticas públicas específicas. Los territorios generan conflictos y oposiciones en el seno de los procesos de producción, de ahí que se genere una forma de regulación, que se podría decir regional o local, que muestra esas diferencias o especificidades (De la Torre, D, 2004).
Las regulaciones locales participan en (o se resisten a) la regulación global de un sistema económico y esta última tiene influencia (o es influenciada por) las regulaciones locales.
El estudio de las políticas públicas es una rama relativamente nueva de las Ciencias Políticas, y es importante porque permite definir el accionar del Estado en un momento histórico y contexto determinado e inferir su posición frente a cuestiones que atañen a una parte significativa de la sociedad en la medida que va respondiendo a grupos o actores sociales, según la posición que ocupan en la esfera social y a las alianzas que van construyendo. Además, explican las características ideológicas del Estado y su vinculación con la sociedad.
Por lo tanto, la explicitación del camino seguido por determinadas políticas públicas “no sólo debe observar las coaliciones y/o cooptaciones que surgen en función de las estrategias de distintos actores incentivados por el entramado institucional o para dar cuenta de una determinada puja dentro de un sector de políticas (o en juegos anidados entre diferentes políticas), sino que debe analizarse la acción de determinados actores que forman parte de una voluntad hegemónica y por lo tanto operen en función de la imposición de un determinado proyecto socio-político-cultural antes que de acuerdo a costos o beneficios de una política sectorial, o incluso intentando equilibrios entre ambos” (Rey M. 2013 ).
Las políticas públicas son la expresión de la relación Estado-sociedad-economía, es decir, la toma de posición de diferentes actores sociales y estatales que se traduce en comportamientos intraburocráticos y en la dinámica social que, a su vez, también tiene efectos de retroalimentación en el aparato estatal.
Como fue señalado anteriormente, toda estructura territorial se ve favorecida por la acción del Estado a través del diseño de políticas públicas. Interesa desentrañar el proceso que pone en movimiento al Estado y a diversos actores sociales alrededor del surgimiento, tratamiento y resolución de cuestiones regionales.
Es decir, que las transformaciones que se producen en el ámbito territorial son mediadas por las políticas públicas nacionales y regionales. Esta relación supone la intervención deliberada de los agentes dominantes o con mayor capacidad de presión en el diseño, formulación e implementación de estas políticas que inciden decisivamente en las formas asimétricas de control y generación de la acumulación regional (De la Torre, D, 2004).
Estos y otros aspectos del contexto actual plantean la necesidad de conformación en los territorios de espacios de participación social y ejercicio de la ciudadanía que requieren una mayor cooperación entre lo estatal y lo privado en la planificación y organización de la economía y la sociedad local.
Algunas de las preguntas que alimentan este debate abierto han sido: ¿es posible hablar de desarrollo (regional, local, territorial) en un mundo globalizado con corporaciones globales y empresas trasnacionales que imponen sus condiciones a países y territorios?; ¿existen capacidades, recursos, potencialidades (capital social) en esos territorios para su inserción competitiva en la globalización?; ¿estamos en presencia de territorios con tejido social fuerte, capacidad de articulación de las diferencias y manejo de conflictos para construir proyectos colectivos de desarrollo, o más bien son realidades débiles, dispersas, fragmentadas?; ¿cuáles son los conflictos, los acuerdos sociales, los agentes dominantes en la estructura territorial que dan cuenta de las posiciones del Estado? . Estas preguntas y otras similares, implican desafíos teóricos que hoy están en discusión y en alguna medida deben ser contemplados y asumidos en el diseño y desarrollo de esta Maestría en Territorio y Políticas Públicas.
“Una buena política de estado es el fortalecimiento de la sociedad civil. Aunque parezca contradictorio, consideramos precisamente que no lo es, porque esta expresión encierra una búsqueda de la profundización democrática a través de la participación ciudadana responsable y atenta a la eficiencia y eficacia de los resultados. Este tampoco es un desafío ajeno a las instituciones de formación (especialmente las politécnicas y universitarias) que deberán ampliar sus agendas para incluir con más énfasis el diseño de propuestas a la altura de las exigencias y los públicos diversos que se mueven en los territorios” (Marsiglia, J, 2000)
Las nuevas necesidades de formación a nivel territorial.
El nuevo protagonismo de lo territorial en la perspectiva de desarrollo se traduce a su vez en la demanda de un nuevo tipo de capacitación en el marco de una concepción crítica.
Existen en nuestro país, propuestas de posgrados y maestrías en economía social, desarrollo local-regional y medio ambiente de diversas instituciones que apuestan a formar profesionales. Pero un abordaje del territorio y las políticas públicas como objeto de estudio es una innovación en todo el ámbito local y regional e incluso latinoamericano. Por lo cual, la presente Maestría es una significativa y oportuna propuesta de formación profesional que pretende enfrentar el desafío de articular saberes científicos con saberes instrumentales.
A nivel local y regional, se requieren profesionales que posean aquellos conocimientos y destrezas que se consideran necesarios para comprender las nuevas dinámicas territoriales, impulsar y acompañar procesos de desarrollo local y diseñar políticas públicas.
Aparece una gran demanda de profesionales con formación rigurosa y específica para cerrar la brecha de conocimientos entre el funcionario municipal o el emprendedor y la ciencia o la experiencia sistematizada.
Los recursos humanos constituyen el elemento motor de una nueva dinámica de desarrollo “desde abajo”. Su movilización es un factor imprescindible para esta perspectiva (Barreiro Cavestany, F 2001).De esta forma se debe pensar más en un proceso de formación que en un programa de formación. La formación deviene así un instrumento, (adquisición de técnicas) un motor y una inversión para el desarrollo (Barreiro Cavestany, F, 2001).
La Maestría en Políticas Públicas y Territorio, aborda la temática del Desarrollo, de las Políticas Públicas y el Territorio desde una perspectiva interdisciplinar, aspirando a cubrir la necesidad de formación de nuevos agentes de desarrollo tanto en el nivel público como privado.
Se vincula a las carreras de grado de la Facultad de Ciencias Sociales-Ciencias Políticas, Sociología, Trabajo Social, Administración, Contador y Abogacía- y con otras carreras de la UNSJ-Geografía, Historia, Arquitectura. Además con carreras de postgrado de la UNSJ-doctorado en Geografía, Maestría en Historia y Doctorado en Arquitectura en zonas áridas y sísmicas.
[1]Gilly, denomina a este concepto, gobernanza.
La Maestría en Territorio y Políticas Públicas, aborda la temática del Desarrollo, el Territorio y las Políticas Públicas desde una perspectiva interdisciplinar, aspirando a cubrir la necesidad de formación de nuevos agentes de desarrollo tanto en el nivel público como privado.
Objetivo general:
- Formar graduados con dominio de perspectivas teóricas y metodológicas referidas al territorio y las políticas públicas desde un abordaje interdisciplinar.
Objetivos específicos:
- Potenciar conocimientos, competencias y habilidades existentes en graduados que estén insertos en ámbitos académicos y en organizaciones estatales o privadas.
- Promover investigaciones con el objetivo de fortalecer el análisis, diseño e implementación de políticas públicas territoriales.
- Generar espacios críticos para pensar escenarios y formas de acción en el territorio.
- Aportar a la creación de observatorios de políticas públicas territoriales.
- Contribuir al fortalecimiento y desarrollo de las carreras de la Facultad de Ciencias Sociales y en particular, a la formación de recursos humanos egresados y de los investigadores.
Perfil del egresado
- Esta carrera de posgrado espera que el egresado/a adquiera conocimientos y herramientas que lo capaciten para:
- Intervenir en investigaciones interdisciplinarias y en tareas específicas de los procesos de diagnóstico y planificación estratégica.
- Analizar las transformaciones territoriales profundizando en la relación Estado-sociedad-economía.
- Promover o generar debates y reflexiones sobre la articulación entre territorio y políticas públicas.
- Asesorar en el diseño, formulación, implementación y evaluación de políticas públicas territoriales.
- Contribuir en el diseño organizacional de instancias públicas y privadas que busquen la resolución de conflictos y la vinculación entre agentes de un territorio.
- Participar en observatorios y redes de conocimiento sobre políticas públicas y territorio
Cuerpo académico.
Directora:
Dra. Margarita Moscheni Bustos.
Comité Académico:
Mg. Silvia Gorenstein
Mg. Javier Marsiglia
Dr. Pablo Rodriguez Bilella
Dr. Esteban Tapella
Dr. Jorge Ivars
Coordinadora Académica:
Ma. Delia Inés de la Torre.
Instituciones vinculadas:
La Maestría en Territorio y Políticas Públicas, tiene el aval académico y pertenecerá a la Red de Posgrado de la Red Iberoamericana de Globalización y Territorio.
Además, tiene el aval de: INTA & Secretaría de Ciencia y Técnica de la Provincia de San Juan.
